Comunicado Open Arms

 

El barco  Open Arms se encuentra desde hace 8 días esperando, con 121 personas rescatadas de las aguas del Mediterráneo,  que autoridades de Italia o Malta otorguen permiso para desembarcar. Todas ellas han sido salvadas de una muerte segura, tras escapar de situaciones de violencia extrema, que se ceba sobre todo con mujeres, niñas y niños en situación de especial vulnerabilidad. Ningún otro barco era capaz de llegar a tiempo antes de la tragedia, lo que obligó a Open Arms a intervenir.

 

Brindar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte en el mar es una obligación consagrada en el Derecho Internacional: Convención de las Naciones Unidas  sobre el Derecho del Mar (Convención CONVEMAR) de 1982, por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974 y por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR) de 1979. Dicha obligación implica el salvamento,  el desembarco del buque que prestó el auxilio y  la conducción a un puerto seguro (art. 33 Capítulo V Convenio SOLAS).

 

Tanto Italia como Malta, los dos puertos seguros más cercanos, se niegan a otorgar permiso y ningún otro país europeo ha ofrecido los suyos. Nuestro gobierno, con su inacción, está permitiendo esta situación de indefensión en la que se encuentra el Open Arms, un barco con bandera española al que solo puede reprochársele haber cumplido con la ley del mar.

Cómo expone Sassoli,  presidente del Europarlamento:  el problema que evidencian las ONG cada vez que rescatan migrantes en la zona del Mediterráneo Central: mientras Italia y Malta continúan resistiéndose a recibir barcos de ONG, no existe un mecanismo de reubicación de migrantes que facilite el desembarco. “ La misma escena se repite para cada barco que llega a aguas europeas y se reabren las mismas polémicas”. No podemos añadir sufrimiento al sufrimiento y la Comisión Europea debe articular una respuesta coordinada.

 

Nuestro ejecutivo se escudó recientemente en los incumplimientos de Italia y Malta para denegar el despacho del buque a Open Arms. Es urgente que ampare y proteja al barco español y deje de poner trabas a su labor  esencial de vigilancia, denuncia y salvamento.

 

España debe velar por el cumplimiento del derecho marítimo, y sobre todo, de los derechos humanos. Es por ello que nuestro gobierno debe exigir a Italia y Malta, como puertos seguros más cercanos, que permitan la entrada del barco. En caso de negativa, solicitamos que lleve este incumplimiento al Tribunal del Mar en Hamburgo, con solicitud de medidas provisionales, para proteger la vida de las personas que se encuentran a bordo. Esta espera en el mar supone un trato inhumano y degradante que debe finalizar inmediatamente. Cualquier otra solución pondrá en peligro al barco y a la  tripulación. Es nuestro momento como país para demostrar que no somos cómplices de políticas criminales.

 

Firman esta petición las siguientes entidades integradas en el colectivo Fronteres i Drets:

 

Juezas y Jueces para la Democracia

Àgora Judicial

Comissió de Defensa de l´Il.lustre Col.legi d´Advocacia de Barcelona

Unión progresista de Fiscales

Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

Associació Catalana de Juristes Demòcrates

 

 

Barcelona,  10 de agosto de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte públic: Al rescat de l’Open Arms

AL RESCAT DE L’OPEN ARMS

Salvem drets, salvem vides

 

Jornada d’anàlisi i valoració de la situació de bloqueig de l’Open Arms des de la perspectiva del Dret Marítim i la tutela dels drets fonamentals.

Lloc:

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, carrer Mallorca, 283 Aula 1 del Centre de Formació (Barcelona)

Data:

11 març 2019 18:30

Presenta i modera per Fronteres i Drets:

Montserrat Raga, Magistrada

Col·loqui amb:

Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms

Francisca Valenzuela Fernández, Fiscal

Jaime Rodrigo de Larrucea, Advocat, President de la Comissió de Dret Marítim del ICAB

Relatora:

Helena Gil, Jutgessa

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL ESTADO ESPAÑOL CON EL BARCO DE OPEN ARMS?

Nadie en Europa puede decir que desconoce la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las personas migrantes que se trasladan desde países de Oriente próximo y África hasta Europa, debido a las situaciones de guerra y/o crisis humanitaria que sufren. El drama de los/as refugiados/as, que ha convertido el mar Mediterráneo en un cementerio, ha supuesto una crisis en la concepción de Europa como un espacio común fundado sobre valores de dignidad humana, igualdad y solidaridad, y nos ha obligado a todos a cuestionar el papel de Europa en el mundo.

Ni las instituciones europeas ni los Estados Miembros han estado a la altura, e incluso algún estado está manteniendo posturas inadmisibles desde la perspectiva de los Derechos Humanos, como pasa con el VicePresidente Salvini en Italia. Efectivamente, han surgido iniciativas que pretenden convertir, fraudulentamente, la crisis humanitaria que sufrimos en un problema de orden público. Evitar la muerte de cientos de personas no es una mera cuestión de orden público ni puede serlo. Construir muros y sellar las fronteras, separando pueblos y despojando a las personas migrantes de su dignidad, no es una respuesta admisible desde la perspectiva de Derechos Humanos. Además, estas políticas exponen al/la migrante a los peligros de elegir cada vez rutas más inseguras, favorecen la aparición de las mafias y su consecuencia más cruda es el naufragio de miles de personas en nuestro mar mediterráneo.

Es esa decepcionante actitud de las instituciones europeas y de los estados miembros de la Unión Europea la que ha provocado que organizaciones como Open Arms intervenga con acciones esenciales de vigilancia y salvamento, salvando miles de vidas en el mar. Estas organizaciones se na puesto, por ello, en el punto de mira de la opinión pública, y también dentro de los objetivos represivos de algunos Estados, que han intentado, también fraudulentamente, criminalizar su actuación. Recientemente el barco de Open Arms llegó a España con 310 personas rescatadas, pues los países más cercanos al lugar de rescate (Italia, Malta) incumplieron sus obligaciones internacionales y negaron el acceso a sus puertos a Open Arms.

El día 8 de enero de 2019 el barco de Open Arms debió haber salido del puerto de Barcelona rumbo a la zona SAR de Libia para continuar con su labor esencial de salvar vidas. Sin embargo Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, ha bloqueado el buque en el puerto de Barcelona alegando que pese a no ser imputable al propio barco, con su último regreso a España se incumplieron diversos preceptos de la normativa marítima. Como medida preventiva y para evitar futuros incumplimientos, deniega la salida hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas SAR concernidas, algo que difícilmente ocurrirá, pues ni Italia, ni Libia, ni Malta facilitan estos acuerdos.

Tenemos que volver a poner de manifiesto, en voz alta y clara, que es el incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio lo que está en el origen del problema, que no es otro que las muertes en el mar. No puede atribuirse ningún incumplimiento normativo a quien precisamente presta ese auxilio, porque el derecho a la vida ha de priorizarse siempre respecto de cualquier normativa marítima. Con el bloqueo del buque no está en juego únicamente su derecho a navegar sino que se pone en riesgo la vida de las personas migrantes a quienes rescata Open Arms ante la pasividad de quienes están obligados a actuar en virtud del derecho internacional humanitario. Por ello reclamamos que no se obstaculice la labor humanitaria del buque Open Arms anclado en el puerto de Barcelona y exigimos que los incumplimientos de terceros Estados sean denunciados por el Gobierno de España al órgano competente, y que, entretanto, colabore activamente con el respeto de los derechos humanos y contribuya a solucionar la crisis humanitaria en que estamos inmersos, en vez de impedir la labor de quienes salvan vidas en el mar.

Colectivo de juristas Fronteres i Drets


Barcelona, 18 de enero de 2019

El Tribunal Suprem dicta Sentència condemnant al Govern espanyol per l’incompliment de l’obligació adquirida de reubicar persones refugiades des dels camps de Grècia i Itàlia

A partir de l’impuls de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (A.C.D.D.H.) en coordinació amb la plataforma Stop Mare Mortum, i el treball col·laboratiu d’un equip de juristes procedents de totes dues entitats al qual s’han afegit juristes independents, han permès l’exercici d’una acció jurídica contra el Govern d’Espanya en relació amb l’incompliment de les obligacions de reubicació de persones peticionàries de protecció internacional arribades a Europa a través de les fronteres de Grècia i Itàlia – de la qual donàvem compte en anteriors informacions- que ha estat resolta per la Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 9 de juliol de 2018, número 1168/2018 de la Secció Cinquena.

Les pretensions plantejades han estat parcialment estimades. El Tribunal declara que l’Estat espanyol ha incomplert parcialment les obligacions administratives de tramitació previstes a les Decisions de l Unió Europees i que ha de continuar la tramitació de l’oferiment i execució de les reubicacions en els termes previstos a les dites Decisions i de conformitat amb els acords que les institucions comunitàries adoptin a partir d’ara.

L’Aute de resolució de les qüestions d’admissibilitat del qual ja vam donar compte va resoldre dues qüestions importants: la legitimació activa d’associacions i organitzacions no guvernamentals, en aquest cas de l’Associació de Suport a Stop Mare Mortum, per a exercir l’acció – legitimació que deriva de l’abast del objecte previst en els seus estatuts- i la competència dels Tribunals espanyols per a revisar l’actuació administrativa de l’Estat espanyol a la llum del dret europeu.

De les qüestions que resolt la Sentència de què avui donem compte, destaquem les següents:

El caràcter vinculant de les Decisions. Els compromisos assumits en forma de quotes atribuïdes a cada estat han generat unes obligacions de mínims, i no haurien pogut ser desateses si no era amb la suspensió expressa que Espanya mai no va demanar, i que només hauria pogut obtenir prèvia justificació de la concurrència de determinades circumstàncies.

  • Les Decisions tenen la condició de dret vigent a Espanya. Les Decisions del Consell de la UE que estableixen els criteris de repartiment de la càrrega de reubicar les persones sol·licitants d’asil formen part del dret espanyol i són exigibles a Espanya.
  • Espanya no ha atès les obligacions que li són exigibles. A data 4 de març de 2018, é a dir sis mesos després d’acabar el termini imposat per les Decisions, de les 19.449 places que l’Estat espanyol hauria d’haver ofertat i executat només n’havia ofert 2.500 (1875 de Grècia i 625 d’Itàlia) és a dir només un 12,85% del total a què estava obligada. Pel que fa a les reubicacions efectives, en la data 22 de març de 2018 només se n’havien practicat 235 des d’Itàlia i 1.124 des de Grècia, és a dir una proporció inferior al 7% d’allò a què està obligada. El dèficit de compliment està, doncs, quantificat, i dóna lloc a l’estimació parcial del recurs.
  • L’obligació de reubicar subsisteix. Segons el Tribunal l’obligació legal de reubicar les persones que reuneixin les condicions previstes no va acabar el setembre de 2017, i és per això que el punt 4 de la decisió imposa a l’Estat espanyol l’obligació de continuar la tramitació en els termes previstos a les Decisions. Aquesta obligació es descriu, però, de manera modulada: les reubicacions pendents s’hauran de fer d’acord amb les indicacions de les Decisions mentre aquestes romanguin vigents, però s’hauran d’adaptar a les que resultin dels acords que, en el seu cas, les Institucions comunitàries adoptin d’ara endavant.

Els criteris aplicats pel Tribunal per a arribar a la seva decisió tenen una transcendència notable en diferents àmbits. D’una banda, ha generat un precedent que pot servir de referent per a sostenir accions anàlogues en altres països de la Unió, amb objectius similars als que s’han plantejat a Espanya. D’altra banda, objectivar la capacitat del Tribunal Suprem per a verificar el grau de compliment per l’Estat espanyol de les seves obligacions administratives.

Interessa tenir present que l’existència de la Sentència – que no és susceptible de recurs- podrà constituir una eina molt útil en ocasió d’eventuals incompliments per part de l’Estat de la seva obligació d’oferir places de reubicació, retornant a la societat civil el protagonisme que va assolir des d’un principi en l’exigència de donar una resposta a aquesta realitat en garantia dels drets de les persones.

Conclusions de l’acte “Estem refugiant?”

Des de Fronteres i Drets oferim el document de conclusions i propostes de l’acte públic Estem refugiant? que vam organitzar el 14 de juny. Es pot descarregar fent clic a la icona. Així mateix,  a continuació reproduïm el texte sencer i agraïm la seva difusió.

ESTEM REFUGIANT?

CONCLUSIONS DE L’ACTE DE FRONTERES I DRETS

L´exposició que va fer l´entitat Fronteres i Drets davant de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, el 30 de setembre de 2016, començava amb la lectura de l´article 14.1 de la Declaració Universal dels Drtes Humans que ens diuEn cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n”. Passats dos anys, aquesta proclama té avui tota la seva màxima virtualitat, quan tenim tres vaixells plens de ciutadans disposats a exercir-lo que es dirigeixen a casa nostra. Llàstima que no hagin pogut fet el mateix les 3.139 persones que durant el 2017 i les 501 en el que portem de 2018 que han perdut la vida al Mediterrani. Esperem i desitgem que passi de gest polític a política legislativa a tots els nivells espanyol i europeu. És la societat civil que ho demana, que clama front els governs, els quals estan més preocupats per conservar els privilegis com a estats gestors d’interessos econòmics i polítics.

Amb la resposta donada per la UE a la crisis dels refugiats  s´han  fet miques els principis de solidaritat entre els pobles, de no devolució, del règim d´asil i de protecció internacional, posant en dubte la legitimitat de la UE i els seus fonaments. I poques esperances  podem tenir atesa la deriva que s´està produint en la major part dels Estats Europeus cap a una dreta populista, demagoga i xenòfoba,  que fa de la lluita contra la immigració il·legal  el seu major baluard. Parlem de que Europa tenia un instrument normatiu per fer front a la situació viscuda (la Directiva 2001/55/CE) i no ha fet ús, al contrari, ha tancat les portes, externalitat la solució del problema mitjançant el vergonyós acord amb Turquía, fonamentat en la consideració d´aquest com  a tercer país segur, a canvi de 6.000 milions d´euros, liberalització de visats i reobertura dels capítols d´entrada a l´UE; apareixent els anomenats acords de readmissió, fets per agilitzar les devolucions, sense distingir entre persones mereixedores d´asil o no; atorgant unes prerrogatives a un país condemnat de forma reiterada pel TEDH per vulneració dels mateixos. Amb caràcter previ a aquest per les Decisions de  2015 , 1601 i 1523, del Consell d´acolliment i reubicació, es va assumir l’obligació de reubicar 160.000 sol·licitants d´asil, només s´ha acollit el 25%.

A la vegada, la UE  es còmplice de les greus violacions dels drets humans comeses per part d´Egipte, Líbia i Sudan  en la ruta migratòria del Mediterrani, externalitzant, novament, el control migratori a països no pertanyents a la UE, i no signataris de la Convenció sobre l´Estat dels Refugiats de 1951 i Protocols Addicionals, fent una tasca de contenció vulnerant de forma vergonyosa els més elementals drets humans i obstaculitzant la ingent actuació de les  ONG en les seves funcions de salvament. ONGs que han vist criminalitzades les seves accions sota acusacions d´afavorir la immigració clandestina i de fer negoci a càrrec de la mateixa i que s´han vist forçades a seguir un  codi de conducta imposat per Itàlia i amb recolzament de la Comissió Europea, al realitzar la missió de salvar vides que novament posa paranys als seus objectius.

És per això que hem de començar a corregir aquestes polítiques al nostre país i proposem: com a mesures concretes:

Treballar urgentment en la denuncia dels dèficits democràtics, i de respecte dels drets humans amb que es regula i tracta tota la problemàtica relativa a les persones refugiades i a l’asil.

I en aquest marc, exigir de les Autoritats competents:

  • La creació a Espanya d´una Autoritat o Agència Especialitzada en Refugiats  i una altra especialitzada en Immigració que vetlli pel compliment de la legalitat en ambdues matèries.

És veritat que existeix, almenys sobre el paper, una comissió interministerial d’Asil i Refugi, però el que creiem que és una necessitat és l’existència d’una Autoritat o Agència especialitzada i independent, que pugui desenvolupar funcions de control de l’activitat administrativa, que faci un paper fiscalitzador i d’observatori transversal de la realitat. Que hi puguin participar, o si més no, hi puguin haver contactes directes, amb les organitzacions que treballen amb aquestes persones.

Però igualment, encara que també consta com existent una comissió interministerial d’estrangeria, entenem que ateses, ja no les circumstàncies específiques que el món occidental està vivint en els 2 o 3 darrers anys, de desplaçaments i refugi, sinó per atendre el fet mateix de la migració, en tant que fet estructural i no purament conjuntural, i que en el futur es s’incrementarà, és necessària també una Agència sobre Migració.

  • La Directiva 2001/55/CE ha resultat totalment ineficient, en primer lloc, perquè per entrar en funcionament es requereix que el Consell a proposta de la Comissió entengui que estem davant d´una situació d´afluència massiva de desplaçats, fet que no ha passat mai i en segon lloc, la manca d´un sistema de solidaritat obligatori que garanteixi un repartiment equitatiu de responsabilitats entre els estats membres.

  • L’establiment  d´un sistema de salvament en el mar Mediterrani amb assistència immediata a persones en dificultats.

Destaquem en el document que les polítiques que obliguen a retrocedir als/les migrants no fan més que forçar a aquestes persones a prendre rutes més perilloses a la recerca de seguretat. I Espanya, com a país fronterer, ha de vetllar especialment per la protecció i no centrar el seu esforç a impedir la seva arribada o aconseguir la seva expulsió.

Al respecte, recordar que un dels principis bàsics, o dret fonamental de les persones migrants, és el de “No Devolució” –art. 78 TFUE, art. 18 Carda dels Drets Fonamentals de la UE, art. 33 de la convenció de Ginebra-. Dret que es vulnera de forma flagrant en el procediment de les devolucions “en calent”. Eminents especialistes en la matèria –tant des de l’àmbit acadèmic universitari com de la judicatura- han advertit que s’infringeixen els compromisos i acords internacionals que regulen l’entrada de persones estrangeres a un país.

  • L’aprovació del Reglament de Desenvolupament de la LLei 12/2009 reguladora del dret d´asil i la protecció subsidiària que porta un retard de més de 5 anys segons el que es preveu a la pròpia llei, impedint amb aquest fet que tinguin vigència previsions de vital importància, com son la possibilitat d´autoritzar l´estada a Espanya per motius humanitaris en el marc del propi procés d´asil o la possibilitat de demanar directament l´asil en les ambaixades i consolats d´Espanya a l´estranger.

La manca de desenvolupament reglamentari deixa en paper mullat el dret de les persones sol·licitants d’asil als serveis socials públics, doncs el període d’acollida en una primera fase responsabilitat de l’administració pot ser de sis a nou mesos, però en les fases següents, que poden arribar fins els 24 mesos, ja depenen de les organitzacions que col·laboren amb l’administració. Tampoc es pot garantir una valoració individualitzada que permeti tenir en compte les característiques personals i familiars a l’hora de designar les places i de detectar les necessitats específiques de determinats grups.

Aquesta manca de compliment per part de l’Estat en matèria d’asil és més evident quan la pròpia Comissió Europea, el mes de setembre de 2015 va informar de la seva intenció d’iniciar un procediment d’infracció contra Espanya, sobre la implementació de la Directiva 2011/95/UE, sobre requisits d’asil, havent finalitzat el termini de transposició el desembre de 2013.

I pel que fa a la possibilitat de les peticions d’asil gestionades per ambaixades o consolats, val a dir que la Llei (art. 38) així ho preveu, però aquesta manca de desenvolupament reglamentari ha provocat que de les 19.846 peticions fetes, només 1.029 van ser gestionades per ambaixades o consolats, de manera que aquesta via és absolutament residual.

  • La  modificació de la avantdita LLei 12/2009 perquè sigui causa de concessió d’asil el risc de persecució per raó de gènere, orientació i identitat sexual  o edat  i el risc de patir violència de gènere o de ser sotmesa a explotació en el país d´origen.

  • La regulació integral de la protecció a les víctimes de tracta d’éssers humans a través d´una llei, reconeixent la possibilitat d´identificar a les víctimes les jutgesses/s i fiscals  que intervenen en el procediment penal.

  • Reclamar la possibilitat que davant de l´incompliment per part del Govern Central dels compromisos assolits en matèria d´asil deixi pas a altres Administracions públiques disposades a complir-los degudament finançats per l´Estat .

  • Millora del sistema d´acolliment, reforçant les segones fases d´integració i autonomia i creació de noves fórmules de finançament, partint de la premissa que l´acollida i la protecció de les persones refugiades és una responsabilitat de l´Estat.

  • Previsió d’alternatives als Centres d’Internaments d’Estrangers mentre es tramita un expedient de devolució i/o expulsió, amb solucions que no suposin vulneració dels drets humans, com a pisos tutelats o règims d’acolliment a través d’associacions i organitzacions que tinguin legalment reconeguts entre les seves finalitats la protecció i assistència de les persones migrants, atenent que el 60% de les persones internades no són efectivament expulsades.